Desde los albores de la historia humana, encontramos la presencia de hombres y mujeres, cuya sociedad especialmente los reconoció por su natural inclinación hacia la justicia y el irresistible llamado a procurar o defender las causas ajenas, sobre todo los derechos de los más desposeídos y de aquellos que, por cualquier circunstancia, no poseían las habilidades necesarias para representarse a sí mismos en la reivindicación de sus propios derechos.
En las culturas más antiguas (China, India, Babilonia, Israel, Grecia, etc.) este acto de “abogar por otros” lo encontramos ejercido de manera informal y sin ánimo de percibir una contraprestación económica inmediata, por personas honorables y altruistas, habilidosas en la palabra y con conocimientos sobre las regulaciones legales de su comunidad.
Es a partir del Derecho Romano, cuando la profesión de abogado se institucionalizó como tal y adquirió autonomía propia; y por supuesto continuó siendo ejercida por personas reconocidas por su honorabilidad, capacidad y aptitudes personales, muy idóneas para defender los derechos y garantías individuales o colectivas de las personas, así como para enfrentarse con valor e hidalguía contra los abusos de poder de los gobernantes legítimos o de las autoridades de facto, aún a costa de su propia vida, libertad o seguridad personal.
La abogacía fue así desarrollándose progresiva y notablemente a través de la historia (Edad Media, Revolución Francesa, Conquista y Colonización Americana, etc.), hasta alcanzar en el siglo XIX el estatus de profesión liberal, cuyo ejercicio requería de autorización del poder público, previa la adquisición de sobrados conocimientos académicos y prácticas jurídicas suficientes para garantizar su ejercicio eficiente y responsable.
La abogacía en El Salvador
En el caso de nuestro país, la profesión de abogado también se fue desarrollando de manera fecunda y brillante desde la misma génesis de la independencia patria, y sin temor a equivocaciones se puede afirmar que El Salvador ha contado con excelentes abogados que hicieron brillante carrera como maestros de nuevas generaciones de académicos del Derecho, funcionarios públicos, asesores de renombre y profesionales liberales. Todo lo cual contribuyó a hacer de la abogacía una carrera de noble prestancia nacional, una profesión muy respetada y apetecida por la juventud, ya que prácticamente no había sector social, económico o político, ni institución pública o privada, que corriera el riesgo de funcionar sin el consejo jurídico adecuado, certero y oportuno.
Tal era el respeto a la letra y al espíritu de la ley, que caracterizó a la sociedad salvadoreña, muy similar a los tiempos mosaicos… por lo menos hasta los inicios del conflicto armado o guerra civil (según se le quiera llamar) de los ochentas.
Y es que las grandes confrontaciones sociales siempre traen consigo un resquebrajamiento grave, paulatino e “in crescendo” del Estado de Derecho, puesto que es el ordenamiento jurídico imperante el que más sufre los ataques, detracciones e intentos de socavamiento o manipulación de los bandos en pugna. En esos momentos difíciles, cobra total vigencia la expresión del profeta Isaías: “Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos; porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir.” (Is. 59:14 RV60). Es en esta coyuntura histórica que la profesión de abogado comenzó a sufrir un revés inesperado, que la asedió y atacó por todas partes:
- En el sector gubernamental, poco a poco se fue prescindiendo de aquellos buenos abogados, cuyos consejos iban conformados totalmente a los dictados de la Constitución y la legislación vigente. En su lugar, se contrataron abogados que estaban dispuestos a falsear el derecho o “estirar” falazmente sus verdaderos alcances, pretextando apremiante necesidad de implementar medidas extraordinarias para salvar a la nación.
Nacieron así decretos ejecutivos, resoluciones gubernamentales, reformas de ley y nuevas legislaciones, plagadas de aberraciones jurídicas y violaciones constitucionales, que fácilmente dieron pie a críticas certeras, clamor popular y recursos legales de todo tipo. Los más avezados o “apicarados” empezaron a hacer gala del fraude de ley, práctica antiética que lamentablemente nuestro ordenamiento jurídico todavía no señala expresamente y sanciona como se merece. - Las otrora respetadas e intocables codificaciones civiles y penales, se plagaron de una significativa cantidad de enmiendas apresuradas y poco acertadas, que a su vez requirieron de nuevas enmiendas o revocaciones interminables, hasta que se volvió imposible comprar un ejemplar de código que pudiera durar sin alteración más allá de seis meses. La misma Constitución de la República fue objeto de continuas reformas e interpretaciones, perdiendo así su mayor virtud: firmeza y solidez en el tiempo, como bastión tradicionalmente infranqueable de la seguridad jurídica individual y colectiva.
- Los tres órganos del Estado se vieron inmersos en esta vorágine de pasiones intensas y desenfrenadas, y las soluciones improvisadas sustituyeron entonces al sosegado juicio de los pensadores jurídicos de antaño.
- Los organismos afines a los bandos contrarios no se quedaron atrás y continuamente sustituyeron razonamientos apegados al buen derecho, por el sofisma o la argucia legal, ese argumento falso presentado con agudeza, que tanto daño hizo en los tiempos socráticos y que obviamente contribuyó con creces al descalabro jurídico de esta convulsionada coyuntura nacional.
